Proyectos nacionales

(Ius-Machina): Sobre las bases normativas y el impacto real de la utilización de algoritmos predictivos en los ámbitos judicial y penitenciario

El proyecto IusMachina busca determinar las bases normativas para el uso de algorítimos predictivos en los ámbitos judicial y penitenciario, así como establecer el impacto real que estos sistemas tienen y pueden tener en los ámbitos mencionados, prestándose especial atención a las implicaciones éticas de la implementación de estas tecnologías. La capacidad de las actuales soluciones algorítmicas para gestionar y procesar datos con gran precisión, unida a la indiscutible existencia de errores humanos y de sesgos en las decisiones judiciales, ha llevado desde hace tiempo a plantearse la utilización de sistemas actuariales basados en la gestión del riesgo tanto en el ámbito judicial y penitenciario, siendo las más conocidas las Herramientas de Valoración del Riesgo de violencia (en adelante, HVR). En una segunda fase más reciente, el aumento de la capacidad informática y la aparición de millones de datos ha llevado a explorar la utilización de técnicas de machine learning y otras de Inteligencia Artificial para mejorar las tomas de decisiones a nivel de justicia penal. Aunque los usos potenciales de unas y otras son múltiples y variados, destacan las soluciones algorítmicas aplicadas a la determinación judicial del delito o de la pena aplicable en general o en concreto en relación con el mismo, englobados dentro de términos (también discutidos) como predictive justice, predictive sentencing, o evidence-based sentencing. Además, se ha de tener en consideración las técnicas actuariales (TVR o Ris-Canvi), instrumentos de predicción de la conducta de los internos de prisiones, que objetivan la valoración individual que la norma reclama y permite en el proceso.

Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación.

InfractorXs pretende abordar y estudiar los factores que inciden en la infracción de los derechos de propiedad intelectual por parte de hombres y mujeres en Internet. El objetivo es adquirir el conocimiento relevante capaz de informar la política legislativa a nivel de derecho público y privado. Para ello se parte de la hipótesis de que el cumplimiento de las normas está íntimamente relacionado con las intuiciones de justicia de la comunidad y de que el alto número de infractores de estos derechos en Internet no se distribuye de igual forma según el tipo de conducta y el género. A partir de aquí se pretende detectar hasta qué punto las percepciones sociales e individuales de la protección de los derechos de autor, así como del incremento de la probabilidad de que llegue a ser impuesta y ejecutada una sanción (derivado de un cambio en la práctica sancionatoria civil) incidiría en el efectivo respeto a tales derechos.

Financiado por: Generalitat Valenciana

El correcto funcionamiento del sistema de justicia penal sólo puede prosperar en condiciones de legitimidad, no sólo objetiva e intrínseca al propio sistema, sino también de aquella legitimidad percibida por todos los ciudadanos que hacemos uso a diario de las diferentes agencias de justicia e interaccionamos con sus principales actores. Si bien es cierto que el estudio de la legitimidad del sistema de justicia penal ha sido abordado de manera amplia y enérgica por las diversas ciencias sociales y jurídicas durante los últimos 30 años, especialmente en ámbito anglosajón, no ha sido hasta la última década cuando estos enfoques de aproximación empírica al fenómeno de la legitimidad han cobrado mayor relevancia en nuestro país y mayor reflejo e impacto en los procesos de mejora de toma de decisiones político-legislativas penales. Este ha sido el punto de partida de una serie de proyectos desarrollados en el marco del proyecto de investigación Ni1Fora, financiado por la Consellería de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertad Públiques entre 2018-2020 y que han abordado los cuestiones relativas a la justicia procedimenal, la legitimidad del sistema de justicia penal y el acceso a la justicia por colectivos vulnerables y, por otro lado, el apoyo a la mediación penal y a la justicia restaurativa.

Financiado por: Generalitat Valenciana

CiberHache aborda el análisis de una tipología específica de cibercriminalidad, la incitación a la violencia y el discurso del odio en Internet, desde la constatación, por una parte, de los cambios sociales que Internet está generando y de la demanda social de intervención jurídica frente a este tipo de conductas que se está produciendo y la consecuente voluntad de regulación jurídica específica por parte de los poderes públicos; y, por otra, de la existencia de una multiplicidad de comportamientos que podrían ser encuadrados dentro de la idea genérica y algo vaga de “comunicación violenta en Internet” pero que son distintos entre sí tanto por los bienes jurídicos a los que afectan como por la muy diferente intensidad de afectación a tales intereses y, concretamente, por lo alejado o lo cercano de cada una de ellas a la violencia que se pretende evitar. Si bien el análisis jurídico sobre la respuesta penal al odio discriminatorio ya ha sido abordada, CiberHache conlleva un planteamiento novedoso por dos motivos esenciales: El primero porque, en la línea de los proyectos de investigación ejecutados por nuestro equipo, CiberHache tiene un carácter multidisciplinar no sólo en el origen de los miembros sino en las metodologías y en los planteamientos abordados, y pretende, mediante un estudio cuantitativo a nivel nacional y otro estudio empírico de naturaliza cualitativa, obtener una imagen real sobre la incidencia y alcance real de las, previamente categorizadas en una taxonomía aún inexistente, distintas manifestaciones de comunicación violenta en Internet, así como comprender los factores configuradores del ciberespacio que determinan que estas conductas de violencia verbal estén proliferando pese a las normas que pretenden evitarlo y poder establecer las bases de estrategias de prevención criminológica. En segundo lugar porque el objeto de CiberHache no es exclusivamente el odio racial como en otras investigaciones, sino las múltiples formas de incitación a la violencia a través de Internet y el análisis jurídico no se agotará en el debate sobre la incriminación del negacionismo o de la justificación de la violencia racista, sino en la necesidad de configurar unos límites y unas respuestas penales adecuadas y proporcionales a conductas de muy diferente naturaleza que van desde el adoctrinamiento terrorista en Internet, la provocación de concretas formas de delincuencia, o la incitación directa o indirecta a perpetrar acciones violentas, pasando por actos de defensa, apología y justificación moral de infinidad de ataques a intereses de muy diferente naturaleza, hasta las meras expresiones vejatorias o repugnantes moralmente execrables que pueden generar alarma social y la tentación de una intervención jurídica frente a las mismas. Este análisis jurídico, realizado por filosófos del derecho y penalistas y tras el previo análisis de las respuestas jurídicas de otros ordenamientos jurídicos, podrá informar futuras acciones legislativas ya anunciadas en respuesta a realidades de muy diferente naturaleza, y se llevará a cabo tanto desde la comprensión del ciberespacio como un ámbito potenciador de las actitudes violentas, como desde la imprescindible determinación de los principios fundamentales de un Derecho penal de un Estado democrático de derecho que no pretenda convertir en mudo el Derecho a la libertad de expresión.

Financiado por: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

El presente proyecto de investigación se ocupa de la cibercriminalidad, fenómeno delincuencial de importancia creciente, cuantitativa y cualitativamente hablando, al aumentar tanto las personas que acceden al ciberespacio como los bienes, personales y económicos, incluso sociales y políticos, que se pueden ver afectados por ella. El estudio se centrará en detectar los déficits de protección jurídica y en analizar los factores relacionados con el comportamiento de la víctima que inciden en la existencia de un cibercrimen, en aras a mejorar la respuesta jurídica, incrementar la prevención criminológica y reducir los riesgos de victimización mediante la creación de protocolos de conductas seguras en el ciberespacio.

La hipótesis es que si bien el fenómeno no ha llegado a su máximo nivel de desarrollo, ya se están mostrando importantes deficiencias preventivas ante esta delincuencia tanto desde una perspectiva jurídica como criminológica: las primeras se constatan por el reducido número de resoluciones judiciales existentes, y habrá que comprobar si ello responde a la escasa importancia del fenómeno o, más bien, a la concatenación de factores relacionados con la dificultad para la persecución judicial de estas infracciones; las deficiencias de la prevención criminológica tienen que ver, por el contrario, con la inexistencia (cuanto menos reducción) de instancias de control formal o informal del delito y en la consiguiente dependencia absoluta de la víctima de su propia seguridad. Será necesario, por tanto, además de una revisión criminológica del fenómeno, nada sencilla dada la mutabilidad de este, una revisión dogmática de las normas jurídicas para comprobar qué tipologías de ciberataques reciben respuesta penal y cuáles no, y para la posterior valoración de si la respuesta a las nuevas modalidades de comportamiento es suficiente y proporcionada. Junto a ello se realizarán dos estudios empíricos. El primero, más de tipo cualitativo, consistirá en el análisis de los expedientes de la fiscalía de la AP de Alicante en relación con delitos cometidos en el ciberespacio para concretar qué delitos llegan a tribunales y cuáles no, así como para comenzar a analizar factores criminológicos de riesgo delictivo en las conductas de víctima y agresor. El segundo, que nos dará los principales resultados del proyecto, consistirá en una primera encuesta sobre uso de las TIC y victimización por cibercrimen, para la posterior construcción y validación de un cuestionario sobre predicción del riesgo de ser víctima del ciberdelito. Se trata de relacionar la influencia del uso de las TIC con el convertirse en víctima del delito,
desde el estudio de las teorías criminológicas de la oportunidad y con especial atención a la modificación de los parámetros de la prevención situacional al ámbito no físico-espacial de Internet.

Con estos objetivos de investigación transversal, jurídica, psicológica y criminológica, el proyecto solo podía ser llevado a cabo por un grupo investigador multidisciplinar que estará liderado por un IP experto en cibercriminalidad desde la perspectiva jurídica y criminológica y que consta de un grupo de investigación propia, el grupo Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, con experiencia contrastada en la realización de investigaciones empíricas, y cuyo objetivo en los próximos años es dedicar sus recursos prácticamente de forma exclusiva a esta nueva línea de investigación sobre la cibercriminalidad, el fenómeno delictivo sobre el que se centrarán gran parte de las investigaciones jurídicas y criminológicas del futuro, al constituir una nueva forma de crimen a la que no se puede responder con instrumentos preventivos pensados para la delincuencia en el espacio físico.

Financiado por: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

RISKMENT es un proyecto de investigación innovador orientado a la implementación de medidas de mejora de la seguridad vial basadas en el conocimiento científico. Consiste en la identificación de las variables espaciales y temporales relacionadas con el riesgo de accidentes vinculados al consumo de alcohol o drogas y en la creación, a partir de ellas, de una herramienta actuarial que permita una estimación geográfica del riesgo para mejorar la eficacia en la ubicación de los dispositivos de control de estas sustancias.
El proyecto, basado en el conocimiento teórico y práctico del análisis del delito por medio de sistemas de información Geográfica (SIG), implementará dos modelos matemáticos que, sobre la base de datos oficiales de accidentalidad e infracciones detectadas, además de información ambiental y de las redes geosociales, realizarán un análisis multicriterio que permtirá la identificación y priorización de los segmentos de vía con mayor probabilidad de detección de estas conductas para clasificar globalmente aquellos más exitosos en relación con su localización espacio-temporal. RISKMENT parte, de los primeros hallazgos de investigaciones desarrolladas en ámbito de la criminología ambiental, en las que se describen los patrones espacio-temporales y las técnicas analíticas más adecuadas para la identificación de concentraciones de infracciones (Miró et al., 2016) y de otros análisis de carácter epidemiológico, sobre patrones de concentración de accidentes (Gómez-Barroso et al., 2015), en las que los datos analizados procedieron de los organismos encargados de la movilidad y la seguridad vial. El proyecto pretende ir más allá, al sistematizar por medio de un modelo de riesgo que analiza por primera vez en nuestro país, el análisis de los distintos patrones geográficos de los diferentes tipos de infractores (ocasionales, reincidentes, multiinfractores), para mostrar los puntos calientes en los que se pueden producir las conducciones influenciadas y en las que deberían centrarse las acciones policiales de vigilancia, tomando para ello, además de las clásicas variables sobre vías, vehículos y usuarios, otras procedentes de las redes geosociales como Waze o SocialDrive. Por otra parte, cerrando el proceso preventivo propuesto por Ekblom (1998) y sobre la base de metodologías como iRap (International Road Assessment Program), se construirá un sistema de clasificación de los dispositivos de control que ponderará diferentes variables relacionadas con la accidentalidad y también con la detección de infractores. El proyecto integrará, a través del modelo de evaluación de riesgo, datos geoposicionados de tres procedencias: información sobre la declaración de las incidencias en las vías y el anuncio de la actividad de vigilancia de la administración en redes geosociales; localizaciones de los accidentes y sus características de las bases de datos de la DGT; y, por último, las ubicaciones de distintos factores ambientales que contribuyen a la inseguridad vial, como establecimientos en los que se consumen o expenden bebidas alcohólicas Con ello, se proporcionará a los gestores de los recursos de vigilancia y supervisión de las vías interurbanas, una herramienta que les ofrecerá un apoyo esencial en el proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, permitiendo la optimización en la asignación de dichos recursos a puntos de control o tramos de vía de interés.

Financiado por: Dirección General de Tráfico (Ministerio de Interior)

Aborda el análisis de la eficacia potencial de la utilización de novedosas técnicas que permiten describir la distribución espacio-temporal de concretos eventos (Sistemas de Información Geográfica, en adelante SIG), para mejorar la toma de decisiones en la ubicación de los controles de drogas y alcoholemia y, así, optimizar los recursos policiales en aras tanto de prevenir conductas de riesgo en el ámbito vial especialmente en conductores reincidentes como de, finalmente, reducir la accidentalidad. La constatación de que las conductas etílicas al volante son la causa de buena parte de la mortalidad en las carreteras y que en estos comportamientos reinciden algunos infractores, supuso la prohibición de las mismas así como la implantación de intensas acciones de vigilancia y supervisión policial como los controles aleatorios de alcohol y de drogas. Estos buscan reforzar el papel disuasorio de las normas penales y administrativas puesto que, como se ha probado científicamente (Miró, Bautista, 2013), es la certeza de la sanción asociada a la conducta, más que su potencial gravedad, lo que disuade de su realización. Sin embargo, su eficacia disuasoria no asegura su uso eficiente, tal y como han puesto de manifiesto algunos autores que dudan de su incidencia como factor de protección para la accidentalidad vial (Tay, 2005). Por ello resulta esencial usar técnicas modernas como los SIG para comprender donde acontecen los distintos eventos viales, comparar las diferencias de ubicación de los mismos imprescindibles para el análisis de las potenciales rutas y lugares de origen de los conductores “influenciados” y, así, rentabilizar recursos y orientar los controles a la prevención de conductas de riesgo y la reducción de la accidentalidad. proyecto MAPVIAL plantea la aplicación de las técnicas del Crime Mapping a la delincuencia y la accidentalidad vial con la voluntad de conocer los patrones espacio temporales de estos eventos y profundizar en las distintas técnicas de SIG seleccionando las más adecuadas de cara a una generalización de su uso en el futuro. Para ello, tras un previo análisis de la regulación de la conducción influenciada y de su control, y un posterior grupo de discusión con los responsables de la vigilancia de tráfico para comprender la distribución espacial de estas conductas y las estrategias de supervisión policial utilizadas, se obtendrá y se geocodificará la información de las bases de datos de accidentes y de infractores así como procedimientos de fiscalía sobre conducciones etílicas en la provincia de Cádiz. Concretamente, se analizarán cuatro tipos de eventos que se sitúan en un continuo máximo-mínimo control de la localización por parte del supervisor, como: a) controles de alcoholemia y drogas, b) denuncias de conducción influenciada, c) accidentes de circulación con tasas positivas de alcoholemia y/o drogas y d) accidentes sin alcoholemia. Con esta información se prepararán, por medio de sistemas de información geográfica, mapas del evento y otras técnicas que permitirán conocer los patrones de distribución y, por tanto, los lugares y momentos en los que se concentran estas conductas, lo que dará como primer resultado la elaboración de una metodología para la recogida de esta información y, como segundo, un conocimiento clave para establecer los condicionantes ambientales de dichos patrones sin los cuales no se pueden conocer las localizaciones de origen de estas conductas.

Financiado por: Dirección General de Tráfico (Ministerio de Interior)

El proyecto XQIncumplen nace para dar respuesta a uno principales retos de futuro al que nos enfrentamos en materia de seguridad vial como es la prevención y tratamiento de conductas de riesgo por parte de aquellos que transgreden continuamente las normas, y en particular, de quienes lo hacen pese a haber sido sancionados previamente. A través de la puesta en marcha de un estudio empírico innovador y pionero en Europa se llevará a cabo una evaluación de los factores determinantes del cumplimiento derivados de los modelos de Disuasión, Influencia Social y Legitimidad, que permita la construcción de modelos explicativos y predictivos del cumplimiento de dos de las normas de cuya transgresión se deriva gran parte de la accidentalidad viaria en España: los límites de velocidad y el límite de alcoholemia al volante, por parte de los conductores reincidentes. La amplitud del estudio respecto de su precedente permitirá la generalización y extrapolación de resultados a la población de conductores españoles que transgreden las normas de manera reiterada, así como la concreción de los factores clave que deberían ser tenidos en cuenta en cualquier política y programa de prevención que pretenda reducir la reincidencia.

Financiado por: Dirección General de Tráfico (Ministerio de Interior)

Tras más de cinco años desde la promulgación de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de su total entrada en vigor el 10 de diciembre de 2015 para los entes autonómicos y locales de acuerdo con la disposición final novena de la Ley, hoy el 83% de los ayuntamientos de la Provincia de Alicante cumplen menos de la mitad de los indicadores de transparencia. Estos y otros datos relacionados con las prácticas de buena gestión pública y transparencia de las administraciones locales por medio de sus canales de publicidad activa, principalmente sus páginas webs oficiales, han sido recogidos en los informes de resultados de los proyectos de investigación +ETICOS, +ETICOS 2.0 (con el desarrollo de una herramienta de búsqueda automática de indicadores de transparencia) y, más recientemente abordando la percepción ciudadana del cumplimiento de los indicadores de transparencia en +3TICOS. En este contexto, y con un mayor desarrollo en los ámbitos empresariales y de la corrupción privada, +E4TICOS evalúa a eficacia de los buzones de denuncia, o en su extensión los conocidos como “buzones éticos” y de buen gobierno, entre otros, que se erigen actualmente como un medio no sólo de persecución de irregularidades en entidades públicas, sino de incremento de la legitimidad de las administraciones locales y, en consecuencia, de su fortalecimiento democrático. Esta serie de proyectos han sido desarrollados en el marco de las ayudas para la Promoción y subvención de actividades de Transparencia y Participación 2016-2019 de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.

Financiado por: Generalitat Valenciana

El proyecto Saf_e está dividido en dos fases. En la primera de ellas se realizará una detección de riesgos en Internet mediante el análisis de datos sobre el uso y hábitos de los menores, de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, de la Comunidad de Castilla y León, y las estrategias de afrontamiento implementadas en la escuela. En la segunda, se elaborará un plan general de actuación sobre el uso seguro de las TIC, la convivencia escolar y los riesgos de Internet.
Los objetivos concretos del proyecto Saf_e que se pretenden alcanzar son los siguientes:
Analizar los hábitos del alumnado de Castilla y León en el uso de Internet y riesgos derivados.
Concretar los hábitos de los alumnos en ciberseguridad, y en los dispositivos que utilizan dentro y fuera del ámbito escolar.
Determinar los factores de protección y de riesgo para la prevención de la ciberdelincuencia.
Conocer las dinámicas de respuesta de los centros ante el fenómeno, obteniendo información sobre cómo se previene y se actúa ante la cibercriminalidad.
Desarrollar una herramienta integral de prevención del ciberacoso y la ciberdelincuencia para los alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla y León.
Más concretamente, los objetivos de cada fase son los siguientes:
Fase 1.
Establecer la prevalencia de la cibervictimización sufrida por los menores
Conocer las conductas de riesgo y protección que inciden en el fenómeno
Conocer la actuación de los centros ante los casos que afectan a la convivencia escolar mediante una fuente doble: menores y docentes.
Fase 2.
Definir herramientas específicas para la prevención de los riesgos en el uso de las TIC por parte de los menores a partir de la información obtenida sobre la actuación de los centros docentes en los cuestionarios de la Fase 1.
Dotar a los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla y León de un protocolo de actuación que contenga una secuencia detallada de indicaciones orientadas a actuar adecuadamente ante las consecuencias del mal uso de las TIC.
El proyecto en general permitirá conocer la realidad para poder prevenir la cibervictimización de los menores y minimizar los riesgos existentes en el ciberespacio en este colectivo, así como proporcionar herramientas a los docentes que permitan actuar debidamente ante casos de cibervictimización que afecten en el ámbito escolar.

Financiado por: Junta de Castilla y León

Proyecto enfocado a la detección de los riesgos de victimización y de las diferentes formas de violencia que impactan en los menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de manera que permita determinar con exactitud la prevalencia de los ataques realizados en el ciberespacio mediante el análisis del uso y consumo que estos hacen de Internet. Se desarrolló una investigación dirigida a la población de Extremadura con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, debido a su condición de colectivo de especial vulnerabilidad frente a la cibervictimización. Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar mediante el proyecto son: Analizar los hábitos de uso de Internet existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura; concretar la prevalencia de la cibercriminalidad, tanto en su vertiente económica como en la social; determinar los factores de protección y de riesgo que favorecen la prevención de la cibervictimización; y Detectar patrones de comportamiento que puedan estar ligados a un consumo abusivo de Internet, antesala o indicativo de posibles conductas de adicción.

Financiado por: Junta de Extremadura

Debido a que la situación actual nos alerta de que el ciberespacio es un nuevo ámbito de oportunidad criminal bastante desconocido por los investigadores, y los menores, debido a su inevitable e ininterrumpido uso de las TIC, se ven expuestos a diario a los más diversos ciberataques sin que seamos conscientes de las terribles implicaciones que a veces acarrean. Por ello, comprender y conocer el alcance y la profundidad de esta nueva realidad es prioritario para que instituciones públicas, padres y educadores sean capaces de proteger a los menores de las diferentes amenazas que ponen en entredicho su seguridad en el ciberespacio.

Financiado por: Diputación provincial de Alicante

Sobre la base de un acuerdo materializado en un protocolo de colaboración entre la Fiscalía para la Seguridad Vial, dirigida por el Fiscal de Sala Bartolomé Vargas, el Grupo Crímina de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche a través de su Policía Local, el proyecto GRADET realiza informes criminológicos sobre la peligrosidad criminal de conductores imputados por delitos contra la seguridad vial, que se incorporarán a la instrucción judicial por la propia fiscalía. Las aproximaciones a estos pronósticos de reincidencia futura han estado basadas fundamentalmente en la experiencia y los estudios empíricos llevados a cabo desde diferentes disciplinas, como son la Criminología, la Psicología o la Medicina Forense a las que el Grupo Crímina suma un planteamiento actuarial, basado en el modelo criminológico del triple riesgo delictivo, que si bien resulta más arriesgado y costoso, también permite objetivar el pronóstico y por lo tanto aumenta la seguridad jurídica.

Financiado por: Fiscalía Especial para la Seguridad Vial.

A partir de la concesión de un Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de I+D+I 2008-2011) a investigadores del grupo Crímina y de la Universidad de Granada, se pretende evaluar la eficacia de la reforma del Código penal en materia de seguridad vial, mediante el estudio de la significación real que la misma ha tenido en la conducta viaria de las personas. Se está llevado a cabo una encuesta poblacional sobre la percepción de la conducción antes y después de las últimas reformas penales, que ayuden a dilucidar, no sólo los efectos que las normas penales tienen en la conducción, sino también la forma en la que deben comunicarse las mismas para una mejor consecución de sus efectos preventivos. El proyecto parte de la sensación de que en las últimas décadas se han estudiado en nuestro país con profundidad, tanto el contenido de las normas penales de tráfico (por parte de la doctrina penal), como la personalidad de los conductores (especialmente por parte de la Psicología), pero, al contrario que en otros países como EEUU y todos los de su influencia, no se ha prestado la misma atención al análisis de la incidencia efectiva de las primeras en el comportamiento de estos últimos.

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Crímina ha firmado un convenio con la Sindicatura de Greuges para la realización del estudio empírico que formará parte de la queja de oficio sobre el problema de las bandas juveniles en la Comunidad Valenciana que ha iniciado esta Alta institución valenciana. El objetivo prioritario, ante el potencial problema que suponen las bandas juveniles en la Comunidad Valenciana, es conocer de forma fiable, la dimensión del problema para así poder determinar si realmente es o no un problema potencial, real o emergente. Para ello Crímina tratará de aportar, mediante el estudio de los expedientes de la fiscalía, entrevistas a las fuerzas policiales que realizan las intervenciones y estudios de percepción, datos del porcentaje de implicación de las bandas juveniles en la delincuencia de jóvenes, así como todo el conjunto de información (edad, sexo, y otros indicadores relativos a antecedentes, conflictividad familiar, etc.) que sea esencial para la intervención preventiva y la que nos permita comprender la percepción del problema por parte de los colectivos implicados en su prevención y tratamiento.

Financia: Sindic de Greutges de la Comunidad Valenciana.