El Centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia participa en las jornadas “Hacia un Derecho penal basado en evidencias empíricas” que se celebra los días 7 y 8 de febrero en la Universidad de Granada. El evento se enmarca dentro del proyecto NEXO, Criminología, Evidencias Empíricas y Política Criminal.
El acto ha sido presentado por el Prof. Dr. D. Miguel Olmedo Cardenete, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada; el Prof. Dr. D. Fernando Miró Llinares, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche; la Profa Dra. Da María José Jiménez Díaz, directora de la Sección de Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología; y el Prof. Dr. Jesús Martínez Ruiz, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
El proyecto NEXO aborda las posibilidades y límites de la incorporación de evidencias científicas de carácter criminológico a la política legislativa en materia penal, en particular a la decisión sobre la criminalización de conductas y el incremento de las penas.
Entre las diferentes mesas de trabajo, los investigadores del Centro participan en la Mesa II: Actitudes y percepciones ante la delincuencia. El Dr. Francisco J. Castro Toledo y la Dra. Elena B. Fernández Castejón presentan la conferencia “¿Queremos una justicia retributiva o restaurativa? Un estudio sobre las actitudes hacia la justicia en España”. Por su parte, Ana Belén Gómez Bellvís trata el efecto del contexto en las preferencias sobre el castigo del delito: dos estudios empíricos sobre la prisión permanente revisable.
El proyecto NEXO, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, cuenta con investigadores procedentes de varias universidades nacionales e internacionales. El proyecto plantea un diseño metodológico de tareas en bloques de trabajo adaptado a los dos objetivos generales pretendidos: (1) incorporar efectivamente al proceso legislativo evidencias empíricas, y (2) revisar los presupuestos empíricos de la toma de decisión legislativa sobre la criminalización de conductas.