Por Redacción CRÍMINA
El Centro CRÍMINA para el estudio y la prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) organizó los pasados 12 y 13 de diciembre de 2019 el International Seminar on Evidence Based Criminal Law bajo el epígrafe “Reviewing the Basis, Reassesing the Scope” y financiando por la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el marco de las subvenciones para la organización y difusión de Congresos, Jornadas y Reuniones científicas, tecnológicas, humanísitcas o artísticas de carácter internacional (AORG 2019). El evento, celebrado en la sala Misteri del edificio Torrevaíllo del campus de Elche, contó con la participación de destacados expertos procedentes de distintos puntos de España e incluso también con profesores procedentes de la Universidad de Lausanne (Suiza).
La jornada arrancó con la inauguración por parte de Fernando Miró Llinares, director del Centro CRÍMINA de la UMH y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, quien dio la bienvenida a los presentes, muchos de ellos alumnos de Derecho y de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel Hernández.
El profesor Jesús Barquín (Universidad de Granada) hizo de moderador en la primera mesa que llevaba por título “El alcance democrático del Derecho Penal” y en la que intervinieron los expertos Jesús María Silva Sánchez (Universidad Pompeu Fabra) y Daniel Varona Gómez (Universitat de Girona). Fue un inicio muy potente.
Silva Sánchez, entre otras muchas ideas, reseñó que en EE UU la democratización de la justicia penal se entiende como lo opuesto a la burocracia, en el sentido de mayor participación del pueblo, como por ejemplo, a través de los jurados.
Democratización del Derecho
“¿De qué hablamos cuando hablamos de la democratización del derecho. Pues también se puede entender como una crítica a los tribunales constitucionales. Hablar de constitucionalismo no es lo mismo en EE UU que en Alemania”, dijo, entre otras muchas ideas.
Durante el debate posterior, lanzó la pregunta de ¿qué pasa cuando saber Derecho te fastidia el sentido común?, para significar: “Yo no puedo decir que 12 hombres o mujeres justos no impartan mejor justicia que los jueces”, confrontando esta reflexión con que el hecho de defender que para algo debe haber servido a jueces y magistrados haber estudiado Derecho y haber acumulado años de experiencia profesional.
Llegado el turno de Daniel Varona Gómez, éste explicó que la democratización del Derecho Penal puede ser una mayor participación de la sociedad tanto en la génesis como en la aplicación.
“¿La participación de la sociedad en la justicia a través del jurado nos lleva a más o menos castigo?”. “En los casos en los que la mujer mata a un hombre tras agredirlas, los tribunales profesionales ven el dolo como arma y el jurado ve el dolo como un suceso global. La pregunta más difícil es ¿por qué el jurado es menos punitivo en estos casos que la Justicia Profesional?”, manifestó Varona, a lo que en el debate que se abrió tras su intervención dijo, como reflexión general, Fernando Miró: “Me preocupa mucho el penalista con datos. Eso no es ciencia”.
“Cientismos”
En la segunda mesa redonda, “La ciencia de Derecho Penal”, el propio profesor Fernando Miró habló del Derecho Penal ante los “cientismos”. “¿Puede el Derecho Penal sin ninguna base científica resolver los problemas de ese derecho Penal?”, señaló.
Seguidamente, la profesora Myriam Herrera, de la Universidad de Sevilla, con su alocución que llevaba por título “Naturalismo punitivo y Derecho Penal: ¿festín democrático o fiesta caníbal? quien conjugó biología, selección natural, historia y criminología, incidió, entre otras ideas, en que el delincuente “se define por sus autoengaños, trasgrede las normas que él considera positivo, que valora”. Finalmente, Ana B. Gómez Bellvís señaló los límites metodológicos de la medición de la opinión publica que debe ser valorada para informar la toma de decisiones político-criminales.
Tras las enriquecedoras aportaciones de Miró, Herrera y Gómez, se entró en la tercera y última mesa del primer día: “Exclusión y responsabilidad penal”. Los profesores Javier Cigüela (Universidad Abad Oliva, CEU) y José Luis Martí (Universidad Pompeu Fabra) nos ilustraron en una sesión moderada por José Ramón Agustina (Universidad Internacional de Cataluña). Cigüela optó por el tema de la exclusión social y legitimidad política del castigo, mientras que Martí tocó el asunto de los derechos políticos de los presos y el hecho de que la mayoría de los estudios se hayan centrado en su derecho al sufragio.
¿Estadísticas policiales?
Tras una tarde muy provechosa, el Seminario Internacional continuó el viernes 13 con Íñigo Ortiz de Urbina, de la Universidad Complutense de Madrid, y Mariona Llobet, de la Pompeu Fabra de Barcelona, en la cuarta mesa bajo el epígrafe “¿Evidencias empíricas o verdades por repetición?”.
Ortiz de Urbina nos ilustró con un gran número de datos y estadísticas y planteó la duda de si todas las cifras reflejan ciertamente la realidad, mientras que Llobet puso sobre la mesa la cuestión de si el 95% de la prostitución en España es forzada. A su juicio, más allá de ser una afirmación genérica, del llamado “boca a boca”, no existe ningún estudio científico riguroso, datos contrastados que lo certifiquen.
“El estrés postraumático es peor en la prostitución que en la guerra de Vietnam”, dijo, según un trabajo que cita la UE de 2014 y que sirve de base abolicionista para varios países. “Las cifras se basan exclusivamente en estimaciones”, remarcó Llobet
La quinta mesa que se denominó “Las tendencias del crimen y su relación con la legislación”, tuvo como protagonistas a los profesores Marcelo Aebi (Universidad de Lausanne), Antonia Linde (Universitat Oberta de Catalunya), Stefano Caneppele (Universidad de Lausanne). Aebi habló de los orígenes de “crime trends”, Linde de la poca fiabilidad de las estadísticas y Caneppele acerca de por qué, y utilizando una llamativa presentación basada en pack man, las estadísticas no son un éxito.
Por último, la última mesa que trató sobre la incorporación de evidencias de otras áreas de conocimiento en Derecho Penal estuvo compuesta por la profesora Elena B. Fernández Castejón que nos habló sobre las herramientas de valoración del riesgo, Esther Sitges que nos expuso las aportaciones de la psicología social en el ámbito normativo y la profesora Cordelia Esteve que presentó las evidencias empíricas entorno al acoso escolar y las estrategias de prevención.
Un seminario en definitiva con ponentes de primerísimo nivel que propiciaron un intercambio de ideas y opiniones muy enriquecedor.
Todo ello no hubiera sido posible sin contar con el apoyo de la Generalitat Valenciana y por el que estamos muy agradecidos
