Teresa Díez Ros
Criminóloga y psicóloga. Investigadora en el Centro CRÍMINA.
Resulta imprescindible recordar la situación de vulnerabilidad que en diferentes ámbitos sufre este colectivo en la sociedad actual y reivindicar la importancia que tienen las políticas sociales y la concienciación social a la hora de favorecer el envejecimiento activo y saludable en esta etapa de la vida con el fin de reducir la prevalencia en los diferentes tipos de maltrato a los que pueden estar sometidos un alto porcentaje de las personas mayores.
En la actualidad sigue existiendo un gran secretismo y muy poca conciencia social sobre el maltrato hacia los mayores. De hecho, es una realidad oculta que no se percibe todavía como un problema acuciante[1], es decir, se presume latente pero aún no ha llegado a extenderse numéricamente. Prueba de ello es que son muy pocos los casos denunciados. Por un lado, se puede dar el caso de que la persona maltratada no sea consciente de que sus derechos están siendo vulnerados. Por otro lado, este tipo de delitos son cometidos mayormente en la intimidad, con ausencia de testigos, y, en muchas ocasiones, las víctimas prefieren no hablar del maltrato sufrido, bien sea por los vínculos afectivos o de dependencia que le unen a su maltratador o por el miedo a posibles represalias, intentando evitar con su silencio dañar la convivencia. Y es que, generalmente, este tipo de conductas se suelen dar en el marco de una relación interpersonal de confianza o de cuidado, como puede ser a nivel familiar, institucional, social, etc.
La OMS refiere que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. Esta situación refleja la necesidad de realizar encuestas de victimización al respecto puesto que son muy pocas las investigaciones realizadas en este ámbito y mínimas las fuentes de información existentes.
Para analizar en mayor profundidad la situación de vulnerabilidad de este colectivo, es importante saber que por maltrato se entiende cualquier acción voluntaria que dañe o pueda dañar a una persona; cualquier omisión que prive de la atención necesaria para el bienestar de una persona y cualquier violación de sus derechos. De este modo, en función de las conductas que se llevan a cabo, el maltrato se puede clasificar en: físico, psicológico, sexual, económico y negligente o por desatención.
De entre todos los nombrados, el abuso económico es el que refleja las tasas más altas de victimización[2]. En el estudio llevado a cabo por el Centro Reina Sofía, Isabel Iborra (2008) refiere que el abuso económico o financiero consiste en la utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos o de las propiedades de una persona mayor. Incluye la apropiación, aprovechamiento o mal uso de las propiedades o dinero del anciano, la falsificación de su firma y la coacción para obligarle a firmar documentos (contratos o testamentos). Las principales consecuencias son incapacidad para pagar facturas, falta de servicios, desahucio y deterioro del nivel de vida.
Al respecto, existe un acuerdo generalizado en que el maltrato a los mayores crecerá inevitablemente a causa de los cambios demográficos que se están produciendo, los cuales conducen al envejecimiento de la población. En este sentido, según el Padrón Continuo (INE), a 1 de enero de 2016 en España había un total de 8.657.705 personas de 65 y más años, lo que implica un aumento respecto al año anterior, sobre todo en personas octogenarias, en una población total que disminuye[3]. Del mismo modo, la esperanza de vida al nacer cada vez es mayor y la tendencia es al aumento, en 2016 se fijaba en 85,4 años en el caso de las mujeres y en 79,9 años en los hombres, ubicándose dichas cifras entre las más altas de la Unión Europea.
Es importante tener en cuenta que prácticamente la totalidad de las personas mayores recibe alguna prestación económica del sistema público de pensiones, ya sea directamente o a través de la pensión del cónyuge. Parece que la crisis económica ha tenido menor impacto en las personas de más edad, probablemente porque estas tienen garantizados unos ingresos de la pensión, circunstancia que, en parte, ha contribuido a que las personas de más edad se hayan convertido en un colectivo especialmente vulnerable frente al fraude económico.
En este sentido, la literatura científica ha puesto de manifiesto la existencia de factores de riesgo relacionados con la victimización por fraude económico en personas mayores (e.g. Marchiori, 2012; Pérez- Najera, 2010; Viano, 2004). Vivir solos, las dificultades para desplazarse, el aislamiento social, el desconocimiento en el uso de las TIC, desconocer las vías de denuncia, padecer una discapacidad tanto física como psicológica o el temor a represalias por parte de familiares y/o cuidadores, solo por citar algunos ejemplos, hacen a este colectivo especialmente vulnerable. De hecho, es el grupo de edad que sufre, con diferencia, mayor proporción de delitos y faltas contra el patrimonio (83,7% y 83,6% respectivamente), siendo objetivo de robos con fuerza, robos con violencia o intimidación y hurtos tanto en el ámbito familiar, como en el espacio público o en el ciberespacio. Esta vulnerabilidad limita en gran medida la realización de actividades cotidianas y, en definitiva, su bienestar cotidiano.
Por ello, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de SABIEX: Programa Integral para mayores de 55 años en la UMH y para la promoción del envejecimiento activo y saludable y del Centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia, se está llevando a cabo, junto con el área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Alicante, Protegi2.0+ un estudio empírico sobre el alcance del fraude económico en personas mayores de la provincia, cuyo principal objetivo es conocer la prevalencia de la victimización por fraude e identificar los factores de vulnerabilidad y de protección relacionados con este tipo de ataques analizando los hábitos y rutinas de los mayores respecto a su actividad económica.
Es necesario fomentar el buen trato hacia las personas mayores, respetando su dignidad y sus derechos. La vejez puede y debe ser una etapa vital llena de potencialidades y es responsabilidad de toda la sociedad favorecer la participación de los mayores y reconocer su contribución a la transformación social.
[1] Ibáñez, J. G. La respuesta frente al maltrato familiar hacia las personas mayores. Un análisis socio-jurídico.
[2] Véase Iborra, I. (2008). Maltrato de personas mayores en la familia en España. Valencia: Centro Reina Sofía.
[3] Antonio Abellán García, Alba Ayala García, Pujol Rodríguez, Rogelio. El estado de la población mayor en España, 2017. Blog Envejecimiento [en-red], 14 de febrero, 2017. ISSN 2387-1512. Disponible en: http://bit.ly/2leYtZh
