En el marco del convenio firmado por la Universidad Miguel Hernández y la Conselleria de de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, el centro CRÍMINA organizó, los días 14 y 15 de noviembre, las jornadas “Los desafíos del sistema de justicia penal ante los grupos vulnerables”.
El acto dio comienzo con la inauguración a cargo del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, José García Añón, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y catedrático de Derecho penal y Criminología, Fernando Miró Llinares.
A continuación, tuvo lugar la primera sesión que fue una “Aproximación a la percepción del sistema de justicia de los grupos vulnerables desde la justicia procedimental”. El director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia señaló que «la justicia procedimental mide la manera en que cada institución cumple con las finalidades que tiene encomendadas y con los valores que hay detrás de la misma, y de qué manera las percibe el ciudadano». Por su parte, la profesora Esther Fernández Molina afirmó que «el verdadero reto de los sistemas penales europeos es propiciar una participación adecuada de los ciudadanos».
La jornada del lunes finalizó con la mesa redonda “Víctimas, grupos vulnerables y minorías étnicas”, a cargo del consejero electivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Carbonell; la asesora jurídica de Plena Inclusión España, Inés de Araoz; la profesora de la Universidad de Salamanca Carmen Herrero y el profesor de la UMH Antonio Martínez Pujalte.
“El estado actual de la asistencia jurídica gratuita en el sistema de justicia penal” dio comienzo a la jornada del 15 de noviembre. Fernando Candela Martínez, decano del Colegio de Abogados de Alicante, señaló que “el abogado de oficio tiene un índice de satisfacción de un 85%” y mostró las diferencias entre las infracciones leves, graves y muy graves. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Orihuela, Manuel Almarcha Marcos, añadió que “cuando se es abogado, por encima de todo, se entiende la abogacía como defensa de la ciudadanía”.
La sesión de mañana continuó con la mesa “El doble obstáculo de las personas con diversidad funcional ante el sistema de justicia”. La profesora Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández explicó que las “legislaciones tienen que tener en cuenta la diversidad, lo que implica legislar con una regla general con excepciones”. Mientras que el profesor Ignacio Flores Prada destacó que «las personas con trastorno mental son excesivamente vulnerables en el sistema penal”.
Las jornadas finalizaron con la reflexión sobre la «justicia restaurativa, ¿se trata de una alternativa o un complemento?» en la que participaron Fernando Martín Diz, catedrático de la Universidad de Salamanca; la profesora Virginia Domingo de la Fuente; Verónica López Yagües, profesora de la Universidad de Alicante y Julio Sigüenza López, profesor de la Universidad de Murcia.
